Donald Trump firmó el 29 de septiembre una orden ejecutiva para que el Gobierno federal de Estados Unidos deje de decir "inteligencia artificial". A partir de ahora, la Administración tiene que usar "Super Intelligence" y sus siglas "SI". El texto oficial, titulado "Inaugurating the Era of Super Intelligence", ocupa cuatro secciones y cambia mucho menos de lo que sugieren los titulares.
Lo hemos leído entero. Esto es lo que dice y lo que no.
Puntos clave de la orden
- Qué cambia: las agencias federales usarán "Super Intelligence" y "SI" en vez de "Artificial Intelligence" y "AI" en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, webs, informes, documentos de política y otros documentos no legales.
- Qué no cambia: regulaciones ya publicadas, órdenes presidenciales anteriores, contratos, subvenciones y documentos históricos. Nada de eso se reescribe.
- La definición: de momento, "Super Intelligence" significa exactamente lo mismo que "inteligencia artificial" en la ley vigente, la sección 9401(3) del título 15 del Código de Estados Unidos.
- El plazo: el asesor presidencial de Ciencia y Tecnología tiene 60 días para proponer una definición legal nueva. Eso cae a finales de noviembre de 2026.
Lo que dice el texto, sección por sección
La sección 1 es la justificación. Sostiene que los sistemas actuales "van mucho más allá" de lo que se imaginaba cuando se acuñó el término inteligencia artificial, y que el Gobierno debe usar una palabra a la altura. Cierra con una frase poco habitual en un texto legal: la Administración "no reconocerá" el uso de "Artificial Intelligence" y "AI" en ningún contexto aplicable. Según contó The Verge, el razonamiento que dio Trump fue más directo: "artificial" suena mal y "super" es la mejor palabra que hay.
La sección 2 es la que aplica el cambio. Afecta a la comunicación del poder ejecutivo, y deja explícitamente fuera todo lo que tenga efectos legales ya firmados. Un contrato de una agencia con un proveedor de IA sigue diciendo lo que decía.
La sección 3 es la más interesante. Para esta orden, "Super Intelligence" es lo que la ley ya define como inteligencia artificial: un sistema basado en máquinas que, para unos objetivos fijados por personas, hace predicciones, recomendaciones o toma decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Una definición que cubre desde un filtro de spam hasta GPT-6. Es decir, el chatbot de atención al cliente de una aseguradora pasa a ser, en los papeles federales, superinteligencia.
Por eso la orden encarga al asesor de Ciencia y Tecnología un texto legislativo para el Congreso en 60 días. Tendrá que decir si la nueva definición modifica, amplía o sustituye a la de inteligencia artificial, qué cambios hacen falta en las leyes que ya usan el término y qué otras medidas presidenciales serían necesarias.
La sección 4 es la de siempre: la orden no crea derechos que nadie pueda reclamar ante un juez y se aplica "en la medida en que lo permita la ley". Hasta los costes de publicación están asignados: los paga la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.
¿Obliga a las empresas privadas?
No. La orden se dirige a los departamentos y agencias del poder ejecutivo, y a nadie más. Una empresa estadounidense puede seguir llamando inteligencia artificial a su producto, igual que una universidad o un periódico. Tampoco puede tocar las leyes: el propio texto reconoce que la definición vale "hasta que la sustituya una ley del Congreso", que es quien decide de verdad qué significan los términos en el Código.
Es decir, el cambio de fondo depende del Congreso y no de la Casa Blanca. La propuesta de los 60 días es eso, una propuesta, y tendrá que pasar por las dos cámaras como cualquier otra ley.
El contexto de esa semana
La orden salió el mismo día en que los jefes de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, SpaceXAI y Nvidia firmaron en la Casa Blanca un acuerdo voluntario de seguridad sin sanciones ni regulador. En la prensa estadounidense el pacto ya circula como el acuerdo sobre superinteligencia, así que el cambio de nombre ha llegado antes a los titulares que a las agencias.
Un día después, la Comisión Federal de Comercio confirmó que investiga a OpenAI, Anthropic y otras compañías por los riesgos de sus modelos para los consumidores. Trump dijo además que nombrará en pocos días a un responsable único de política de IA, y en la reunión se habló de un comité de 10 personas para supervisar el acuerdo, según recogieron varios medios estadounidenses.
El orden de los factores dice bastante: primero el nombre, luego la promesa voluntaria y, por separado, una investigación que ya estaba en marcha desde el verano.
Por qué importa
Para una empresa española que usa ChatGPT o Claude, la orden no cambia nada. No toca contratos, no fija obligaciones nuevas y no aplica fuera de la Administración federal estadounidense. En Europa, el Reglamento de IA sigue hablando de "sistemas de IA" y así seguirá.
Hay dos cosas prácticas, eso sí. Si vendes o licitas a agencias de Estados Unidos, vas a empezar a ver "SI" en pliegos, informes y webs oficiales, y conviene buscar por los dos términos para no perderte documentos. Y si sigues la regulación estadounidense, la fecha que hay que apuntar es finales de noviembre: si la definición que propone la Casa Blanca separa "Super Intelligence" de la IA de toda la vida, el cambio dejará de ser de vocabulario y pasará a tener consecuencias legales para los modelos más potentes.
Hasta entonces, lo que ha cambiado en Washington es el nombre.
Fuente original: whitehouse.gov
Relacionado
