OpenAI ha acordado pagar 3,2 millones de dólares para cerrar la investigación del Departamento de Justicia estadounidense que la acusaba de discriminar a candidatos nacionales en favor de extranjeros con visado temporal, según el comunicado del propio Departamento.
El reparto: 1,2 millones en sanciones civiles y 2 millones para compensar a los afectados. OpenAI niega haber infringido nada.
Aviso sobre la cifra, porque circula mal: son 3,2 millones de dólares, no 32.
Puntos clave
- El acuerdo cubre a OpenAI y a una de sus filiales.
- La acusación: preferir contratar y reclutar a extranjeros con visados temporales de empleo.
- Prácticas señaladas por los investigadores federales: no anunciar ciertos puestos del proceso PERM en su web de empleo.
- Para esos mismos puestos exigía enviar la candidatura en papel por correo postal, mientras aceptaba solicitudes electrónicas para el resto de vacantes.
- En algunos casos, los anuncios en radio se emitieron de madrugada.
- OpenAI se compromete a publicar los puestos PERM en una web pública de empleo, formar a sus empleados en normativa antidiscriminación y revisar sus prácticas de contratación.
Qué es el proceso PERM y por qué importa el detalle
PERM es el trámite por el que una empresa estadounidense certifica que no encontró trabajador local para un puesto antes de patrocinar a un extranjero para la residencia permanente. La ley obliga a hacer un esfuerzo real de reclutamiento nacional.
Ahí está el meollo del caso. Las prácticas que describe el Departamento de Justicia no son ilegales por sí solas: publicar en papel, poner anuncios de radio, no listar una vacante en tu web. Lo que las convierte en problema es el patrón. Si para los puestos que sí quieres cubrir localmente aceptas candidaturas online, y para los del proceso PERM exiges carta por correo y anuncias a las tres de la mañana, el esfuerzo de reclutamiento se vuelve una formalidad vacía.
Por qué esto sale ahora
Porque el sector de la IA es el mayor consumidor de talento con visado del país, y a la vez el que más ha usado el argumento de crear empleo estadounidense.
Ese contraste es lo que hace ruido político. Una empresa que se presenta como motor de empleo nacional, sancionada por poner obstáculos a candidatos nacionales, es un titular que se escribe solo.
Para OpenAI, 3,2 millones es calderilla. Lo que cuesta es el compromiso operativo: publicar las vacantes PERM en abierto y formar a los equipos de contratación. Eso sí cambia cómo se recluta.
Y llega en mal momento. La compañía tiene abiertos varios frentes legales a la vez, entre ellos la demanda de Apple por secretos industriales, que esta semana sumó once ex empleados más y la exigencia de quince fiscales generales de conservar todo lo relacionado con el asalto a Hugging Face. Cada uno por separado es manejable. Juntos consumen atención de dirección, que es el recurso que menos sobra en una empresa creciendo a este ritmo.
Lo que se lleva de aquí una empresa que contrata
El caso es estadounidense, pero el mecanismo se repite en cualquier jurisdicción con normas de igualdad de oportunidades, España incluida.
La lección práctica es que la intención no se juzga por lo que dice tu política de contratación. Se juzga por la fricción que pones en cada canal. Si el canal A es fácil y el canal B es imposible, y los perfiles que llegan por cada uno son distintos, el patrón habla por ti.
Tres preguntas que cualquiera puede hacerse esta semana sobre su propio proceso:
¿Todas las vacantes se publican en los mismos sitios y con el mismo formato de candidatura?
¿Hay algún puesto donde el proceso sea sistemáticamente más incómodo, y por qué?
¿Alguien mide de dónde vienen los candidatos que llegan a la fase final, no solo los que entran?
Ninguna de las tres necesita un abogado para responderse. Y las tres detectan el problema antes de que lo detecte otro.
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