Texas ha frenado la entrada de nuevos centros de datos a su red eléctrica. El gobernador Greg Abbott ordenó el lunes que todos los proyectos nuevos pasen una auditoría de los dos organismos que gobiernan la electricidad del estado antes de poder conectarse, según TechCrunch.
El motivo cabe en una cifra: la cola de solicitudes para engancharse a la red texana ha pasado de 233 gigavatios en enero a 474 en agosto. En siete meses se ha duplicado.
Puntos clave
- Abbott dirigió la orden a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y a ERCOT, el operador de la red estatal.
- La cola de interconexión suma 474 gigavatios, más de cinco veces el récord histórico de demanda punta de ERCOT.
- Cerca del 90% de esas solicitudes corresponden a centros de datos.
- La auditoría exigirá información de demanda eléctrica dentro y fuera del emplazamiento, consumo de agua, mitigación de ruido, control lumínico, incentivos fiscales usados y estructura de propiedad.
- Abbott ya intentó una encuesta voluntaria antes y apenas recibió respuestas.
Cinco veces el pico histórico del estado
Conviene digerir el número. ERCOT gestiona la red de un estado de 31 millones de personas con una industria petroquímica enorme. Su demanda punta histórica se mide en decenas de gigavatios. La cola de peticiones nuevas es más de cinco veces esa cifra.
Nadie en Texas cree que esos 474 gigavatios se vayan a construir. Buena parte son solicitudes especulativas: promotores que piden capacidad en varios sitios a la vez para quedarse con el que salga adelante. El problema es que ERCOT no puede distinguir cuáles son reales sin datos, y sin distinguirlos no puede planificar generación ni transporte.
De ahí la auditoría. No es una moratoria formal a la construcción, es un filtro de información. Quien quiera enchufarse tendrá que enseñar cuánta electricidad va a consumir de verdad, cuánta agua, qué incentivos fiscales ha pedido y quién está detrás de la sociedad.
La lista de lo que piden PUCT y ERCOT dice bastante sobre qué se les ha ido de las manos. No preguntan solo por megavatios. Preguntan por consumo de agua, por medidas contra el ruido y por control de la contaminación lumínica. Son las tres quejas que llegan de los vecinos cuando uno de estos edificios se instala al lado de un pueblo, y hasta ahora nadie las estaba recogiendo de forma sistemática.
Del cortejo a la letra pequeña
Texas lleva años vendiéndose como el destino barato para computar. Regulación laxa, gas natural abundante y una red propia que no depende de los reguladores federales. Google y Microsoft están entre los operadores que han ido allí atraídos por esa combinación.
El giro de Abbott no rompe ese discurso, lo matiza. El estado sigue queriendo los centros de datos, pero quiere saber qué está firmando. Y hay una razón política detrás: cuando la factura eléctrica de los hogares sube y al lado hay un edificio consumiendo lo que una ciudad mediana, la conversación cambia sola.
Abbott ya lo había intentado por las buenas. Lanzó una encuesta voluntaria a los promotores y le respondieron pocos. Esta vez la información es obligatoria si quieres conexión.
Por qué importa
Para una empresa española que compra cómputo por API esto parece lejano. No lo es tanto. El precio del token que pagas sale de un margen que depende de dos cosas: el coste del chip y el coste de la electricidad que lo alimenta.
Texas ha sido durante tres años el sitio donde ese segundo coste era más previsible. Si conectarse pasa a tardar meses más y a exigir compromisos de agua y ruido, la ecuación se mueve. Los grandes lo absorben. Los proveedores de cómputo de segunda fila, los que ahora te venden inferencia barata, tienen menos colchón.
No esperes un cambio de tarifa la semana que viene. Sí conviene tenerlo en la cabeza a la hora de firmar contratos de inferencia a doce meses con un único proveedor pequeño.
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